Argentina

Entre el 10 y el 12 de junio en Rosario se va a realizar el  8vo Congreso Internacional de Salud Socioambiental, un espacio de encuentro y reflexión sostenido por el esfuerzo militante del  Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) que, desde Rosario, es un faro en la denuncia de las externalidades del modelo de agronegocios clavado sin democracia en nuestra pampa húmeda, y también un activo impulsor de espacios de debate y articulación para alumbrar alternativas a la sociedad que instala.

La localidad catamarqueña de Fiambalá es un caso testigo de la minería de litio, con la empresa china Zijin como protagonista. La compañía y el gobierno provincial organizaron una "charla informativa" sobre una nueva etapa de exploración y sus impactos. Crónica de una jornada que desnudó la defraudación de una población ante las promesas extractivas. El litio como un capítulo más del colonialismo.

Las hordas de visitantes que celebran cada vez que se desprende un enorme trozo del imponente glaciar Perito Moreno ignoran el peligro que representa para los habitantes de El Chaltén que la imponente masa helada retroceda a toda velocidad por el impacto del cambio climático.

El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.

La localidad bonaerense de Luján será sede del Primer Congreso de Agroecología de los Pueblos, que reunirá a familias productoras, cooperativas, organizaciones sociales, comunidad indígenas, investigadores y asambleas socioambientales. "Un espacio de la gente que está en el territorio, que sufre los efectos del agronegocio y también produce otro modelo de campo", invitan.

Oscar Soto (FCPyS-UNCuyo) escribió este artículo, publicado por el Área de Ambiente y Política de la EPyG, en el cual describe la lucha campesina con la intención de reflexionar acerca de los procesos de subjetivación política de la subalternidad rural mendocina. Para ello, traza una cronología de las condiciones que marcaron la discusión sobre la reforma de la ley 7722 y sus ribetes actuales. 

Las comunidades indígenas, nucleadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, enfrentan una nueva oleada de desalojos, persecuciones judiciales y violencias territoriales. Testimonios desde San Pedro de Colalao y Tafí del Valle visibilizan una estructura de impunidad para el despojo, que amenaza la vida, los ecosistemas y la propia existencia de una cultura milenaria.

Si una vez más se aplican recetas o pedidos que ya fracasaron, no se puede esperar lograr buenos resultados que cambien la realidad de los productores.