Privatización de la naturaleza y la vida

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

Las comunidades indígenas, nucleadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, enfrentan una nueva oleada de desalojos, persecuciones judiciales y violencias territoriales. Testimonios desde San Pedro de Colalao y Tafí del Valle visibilizan una estructura de impunidad para el despojo, que amenaza la vida, los ecosistemas y la propia existencia de una cultura milenaria.

Los intereses de las actividades ilegales y las industrias extractivas son comprometidos cuando científicos levantan datos para mostrar la magnitud de sus daños. En algunos casos, actores ilegales, empresariales y estatales son responsables de intimidaciones, agresiones e incluso asesinatos de investigadores en Latinoamérica.

El gobierno nacional desarticuló las políticas públicas creadas para acompañar a la agricultura familiar. En el contexto de concentración de la propiedad y la producción agraria de las últimas décadas, la intervención estatal favorece a un grupo de empresarios en perjuicio de las economías regionales y de campesinos e indígenas de todo el país.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV, de la que REDES-AT es fundadora e integrante), y la Agrupación Tucu Tucu, recibieron con mucha satisfacción y alegría el fallo judicial del 24 de junio que aprobó una medida cautelar que impide a OSE firmar contrato por el proyecto Neptuno-Arazatí.

La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.

por Thelma Gómez Durán en 4 agosto 2023

• Un análisis de imágenes satelitales, realizado por la organización no gubernamental CartoCrítica, mostró que 10 831 hectáreas hoy son ocupadas por obras relacionadas con el Tren Maya; 61% de esa superficie ha sido deforestada.
• La cartografía realizada por la organización también muestra que en 87 % de las tierras deforestadas por el Tren Maya, el desmonte o tala se realizó sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo forestal, como lo ordena la legislación ambiental.
• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) difundió un comunicado en donde señala que las cifras presentadas son “inexactas”. Organizaciones que presentaron las cifras señalan que todos sus datos sobre deforestación se sustentan en "evidencia satelital".

América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).