El día después de la violenta incursión policial que dejó un campesino herido de gravedad y cientos de familias desalojadas en el Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, el reclamo se hace más fuerte, la comunidad señala que seguirá exigiendo su derecho a la tierra y el fin de los atropellos. Rufino Pérez, uno de los referentes del asentamiento, denuncia que muchas de las víctimas del desalojo quedaron sin nada y señala que fueron destruidos frutos de años de trabajo campesino.