Panamá

Después de más de una década de lucha, las comunidades campesinas adyacentes a la cuenca del Río Santa María en la Provincia de Veraguas, lograron la Aprobación del Proyecto de Ley 171 que declara la cuenca del Río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida Hidrológica (identificada como el número 132 en el sistema hidrológico de América Central).

Comunicado conjunto

Las organizaciones firmantes, miembros del Movimiento “Panamá Vale más sin Minería”, reafirman hoy su rechazo total al proceso de renegociación del contrato de Minera Panamá y la estrategia de expansión de la minería metálica que impulsa el gobierno nacional.

"El pasado 13 de julio de 2021 fueron desalojadas las últimas familias ubicadas en los predios a la entrada a la hidroeléctrica Barro Blanco. ¡Familias sin tierras y sin justicia, sin atención a sus derechos humanos violados! Y, esta triste historia se crea por los modelos de desarrollo que imperan por encima de la voluntad de los pueblos y que violentan las leyes y las territorialidades de Abya Yala".

En medio de la entrega del país a la minería por el gobierno del presidente Laurentino “Nito” Cortizo, la sociedad panameña acumula indignación ante todas las irregularidades legales y ambientales que han tenido históricamente las trasnacionales mineras en el territorio panameño.

Un Grupo de Organizaciones, voluntariamente y siguiendo una memoria histórica de lucha por la protección y recuperación de los recursos naturales y derecho de las poblaciones que coexisten en los territorios, decidimos integrarnos y colaborar en el fortalecimiento de la iniciativa del Licenciado Eugenio Bernal, de llevar una Ley 171 que no solo declara a la Cuenca Hidrográfica del río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica, sino que incorpora articulados vitales para lograr su manejo con responsabilidad social y ambiental, en respuesta a atender responsablemente con las comunicaciones sobre cambio climático, convenio y normativas establecidas en convenios y leyes, evitando daños ecológicos, enfermedades emergentes y reemergentes, descontentos y reacciones, al no respetarse los derechos humanos de vivir en sintonía y amistad profunda con la madre naturaleza.

Mientras los gobiernos solapen la megaminería, incumplirán con el Régimen Ecológico artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución Política de la República de Panamá (1). Porque permitieron el inicio y el avance de la destructiva y tóxica megaminería, produciendo ecocidio y amputación ecológica en la Cordillera Central de Panamá.

Organizaciones ambientales, estudiantiles, indígenas, feministas, campesinas, defensores de los derechos humanos, gremios de profesionales, educadores, trabajadoras y trabajadores, presentaron al país y a las autoridades gubernamentales, la Declaración sobre la situación actual socio ambiental en Panamá. 

La Cuarta Línea de transmisión Eléctrica es una megaobra impulsada por Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), sobre el istmo panameño. Específicamente se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande (Provincia de Bocas del Toro) hacia el este de Panamá (Región capitalina). Cuyo financiamiento es realizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial.